Una tensa situación se vivió en la sesión del Concejo Municipal de Putaendo de este martes, luego que el concejal Sebastián Caldera expresara fuertes reparos al informe sobre tratos directos que el alcalde Mauricio Quiroz entregó al Concejo Municipal la semana pasada.
A juicio de Caldera, “la revisión de este documento genera serias preocupaciones debido a su evidente falta de estructura y claridad, lo que complica la tarea de fiscalización”.
Cabe señalar que los antecedentes habían sido solicitados hace dos meses por el concejal, quien agregó que, además de la desprolijidad en la presentación de los datos, el hecho de mayor gravedad lo constituía “la omisión de información crítica”. Puso como ejemplo las contrataciones por trato directo para la adquisición de gift cards para funcionarios a meses de la elección Municipal, así como las contrataciones realizadas por la Dirección de Educación Municipal, que a su juicio “es particularmente grave, considerando que el sector educativo maneja recursos significativos y realiza contrataciones que deben ser fiscalizadas con el mismo rigor que las del resto del municipio”.
Por su parte, la Encargada de Adquisiciones del municipio, Angélica Leiva indicó que pudo “haber un error en lo que se me pidió”, pero que en ningún momento se le había pedido ocultar información sobre el tema, además reconoció que “las compras municipales vía trato directo, representan cerca del 50%”. Dicho porcentaje situaría a Putaendo como una de las comunas que más usa dicho mecanismo a nivel nacional, en contradicción a las instrucciones de Contraloría General de la República.
Al respecto, la concejala Marta Silva criticó el uso reiterado del mecanismo de adquisiciones vía trato directo, ya que a su juicio, hay situaciones que son derechamente cuestionables, argumentando que “el uso de la causal de emergencia, urgencia o imprevisto en contrataciones que claramente podrían haber sido planificadas con anticipación, refleja un abuso y una posible falta de planificación en la administración municipal”. Además, la concejal Silva solicitó revisar y explicar “cuál fue la razón por la cual segmentaron una adquisición por 26 millones de pesos, realizando dos compras vía trato directo por 13 millones de pesos cada una, y con nueve minutos de diferencia en la emisión de las respectivas órdenes de compra”.
En opinión del concejal Caldera, el informe presentado por el alcalde Mauricio Quiroz “no cumple con los estándares mínimos de transparencia y organización que se esperan de un documento de esta naturaleza”, y agregó que el Concejo debe exigir un informe corregido y detallado, que permita realizar una fiscalización adecuada de la gestión municipal, y se investiguen las posibles irregularidades que puedan estar ocultas, no descartando recurrir a la Contraloría para que emita un pronunciamiento al respecto.
Las palabras de los concejales generaron la molestia del alcalde Quiroz, pero reconoció la necesidad de elaborar un segundo informe en donde se incluirán también las licitaciones de la Secretaría de Planificación Municipal (SECPLA) y todas las compras vía trato directo de las direcciones de educación y salud, ya que todos esos datos fueron omitidos en el primer informe entregado al concejo.
