LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD DE SERRANÍA VENDÍA LOS LOTES A $ 200.000 ENTREGANDO VALES POR Y FIRMANDO COMPROMISOS DE COMPRAVENTA, PROTOCOLIZADOS ANTE NOTARIO.
Por Patricio Gallardo M.
Cada cierto tiempo se especulaba, con más o menos fuerza, que familias sin casa se tomaban terrenos de manera irregular en la localidad de Las Coimas, pertenecientes a la Comunidad de Serranía de Rinconada de Silva. Sin embargo, hasta ahora nadie había acreditado que las “tomas” eran parte de un acuerdo o modus operandi de directivos de la propia serranía, que vendían los terrenos para que las familias posteriormente regularizaran ante Bienes Nacionales.
De acuerdo con lo señalado por Angelyn Muñoz, vecina de Tabolango, hija de comunero y actual candidata a concejal, el origen de esta situación hay que buscarlo en la prohibición que tiene la Comunidad de Serranía de vender terrenos.
“En los estatutos de la comunidad se establece la imposibilidad de vender terrenos que son propios de la comunidad, más aún los más de 50 terrenos que se habrían vendido en los últimos años, se hicieron sin el conocimiento de los socios de la Comunidad, sin su aprobación y usando un mecanismo irregular y contrario a la ley.” Indico Muñoz.
Hoy se dispone de antecedentes y documentos que acreditan una “forma consentida” de autorizar a familias sin casa, para apropiarse sin uso de violencia, de terrenos que se les asignaba previamente, modalidad que por cierto dicta enormemente de lo que conocemos como una toma.
Esta es la situación que están viviendo más de 50 familias del sector alto de Las Coimas, conocido como Manantiales y La Palma, misma situación que se estaría registrando en sectores de La Orilla en Rinconada de Silva.
Estas graves denuncias, incluyen según Angelyn Muñoz, aspectos como el relato de una mujer que entregaba parte del dinero acordado, a una supuesta tesorera de la comunidad, que nunca habría sido elegida como tal por la Asamblea de comuneros, y que entregaba vales por, luego de recibir los dineros.
Uno de los aspectos que agravarían estas denuncias, dice relación al rol que jugaba el municipio, ya que funcionarios, concejales y del propio alcalde de la época, se reunían con los afectados y habrían estado en conocimiento que los sitios no eran tomas, que había consentimiento para después ser regularizados a través de la institución pública encargada de estos asuntos.
Angelyn es enfática en manifestar su extrañeza por el rol de los concejales de la época. En este proceso “los concejales que participaron de las reuniones, algunos que van a la reelección y uno que es candidato a alcalde, omitieron esta información. Ellos debieron haber denunciado esta situación.”
Adicionalmente varias familias han manifestado su malestar ya que después de ir a la Dirección de Obras Municipales, para obtener certificados de ruralidad que exige bienes nacionales, se les indicó que sus terrenos están en zona de riesgo, no aptos para ser habitados.
No obstante todas estas irregularidades, lo concreto es que más de 50 familias viven en el lugar en situación precaria, porque no poseen títulos de dominio, y en algunos casos no pueden acceder a arranques de agua potable, al no acreditar ser dueños de los sitios que usan hace mas de 10 años y que algunos pagaron de acuerdo a lo establecido en los compromisos de compraventa con la Serranía.
La denunciante afirmó que recurrirá a Bines Nacionales y a otras instancias para hacer las denuncias respectivas, ya que se estaría en presencia de una eventual estafa.
