En un informe reciente, la Municipalidad de Putaendo ha quedado en el ojo del huracán tras revelarse importantes hallazgos sobre irregularidades administrativas. La auditoría, llevada a cabo por la Dirección de Control, expone un panorama preocupante de malos manejos en el pago a proveedores y el cumplimiento de la normativa de compras públicas, lo que podría derivar en sanciones significativas.
Incumplimiento reiterado de la ley de pago a proveedores a 30 días
Uno de los hallazgos más graves del informe es el incumplimiento sistemático de la Ley 21.131, que establece que las entidades públicas deben pagar a sus proveedores dentro de un plazo de 30 días. Según el informe, la municipalidad ha dejado de cumplir este plazo en numerosas ocasiones, llegando a demorar hasta 809 días en algunos pagos. Se registró que en el área de Finanzas Municipal, 819 decretos de pago excedieron el plazo legal, mientras que en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) fueron 299 pagos los que superaron dicho límite. Esta situación no solo afecta gravemente a los proveedores, sino que además expone a la municipalidad a posibles sanciones por mora.
Falta de planificación y abuso del trato directo
Otro punto crítico expuesto en la auditoría es el abuso del trato directo como modalidad de contratación, un mecanismo que debería ser excepcional, pero que ha sido utilizado de manera recurrente. En total, se detectaron 421 procesos de trato directo en el área de Finanzas Municipal y 138 en el DAEM. En varios de estos casos, la causal invocada para justificar el trato directo, como “costo desproporcionado” o “emergencia”, no estaba debidamente acreditada, lo que levanta sospechas sobre la transparencia de estos procesos.
El informe también detalla que en 111 casos, las órdenes de compra y decretos municipales fueron emitidos de manera retroactiva, es decir, tras la prestación del servicio, lo cual viola el principio de irretroactividad de los actos administrativos. Esto sugiere una grave descoordinación en la planificación de las compras públicas.
Graves deficiencias en el transporte escolar
El transporte escolar contratado por la municipalidad fue otro de los puntos que despertó alarma. Un total de 29 procesos de contratación para transporte escolar no cumplen con los requisitos legales mínimos, tales como la inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, o la acreditación de idoneidad de los conductores, lo que expone a los estudiantes a riesgos significativos.
Falta de control y posibles conflictos de interés
El informe también acusa una preocupante falta de control interno. Se revela que en 43 procesos, no se contó con los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria, documentos necesarios para realizar cualquier gasto público. Además, en varios casos, estos certificados fueron firmados por el alcalde o la administradora municipal, en lugar de la Directora de Finanzas, lo que infringe la ley y podría sugerir irregularidades en la aprobación de estos pagos.
Conclusiones y recomendaciones
La auditoría concluye con un llamado urgente a que la Municipalidad de Putaendo adopte medidas correctivas inmediatas. Se hace énfasis en la necesidad de reforzar el control interno y revisar el Reglamento sobre Procesos de Compra y Decretos de Pago, que ha demostrado ser ineficaz. Asimismo, se solicita evaluar la continuidad de dicho reglamento, ya que no ha logrado cumplir con su objetivo de agilizar los pagos a proveedores y asegurar la legalidad de los procesos de compras públicas.
Ante este escenario, queda en manos de las autoridades municipales implementar soluciones que garanticen la transparencia y legalidad en la administración pública, en beneficio de los ciudadanos de Putaendo.
