El Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo acogió un recurso presentado por la Junta de Vigilancia contra la sociedad Compañía Ganadera de Tongoy Limitada, ligada a la familia Schiess, la cual es dueña de un predio fronterizo de aproximadamente 44.529 hectáreas donde se desarrolla actualmente el proyecto minero de Compañía Minera Vizcachitas Holding, de la canadiense Los Andes Copper. La sentencia permite que la Junta de Vigilancia pueda ingresar libremente al inmueble para cumplir sus deberes de fiscalizar cualquier tipo de extracción ilegal o contaminación de las aguas de la cuenca del río Putaendo, el cual nace de los ríos cordilleranos de Lo Vicuña y Piguchén, y se compone del río Rocíny del río Hidalgo. Si existiera oposición, agrega el fallo, Carabineros de Chile podrá descerrajar el portón de acceso al inmueble ubicado en el sector Los Patos.
De acuerdo al relato de los escritos judiciales, firmados por los abogados Carlos Ciappa y Ruggero Cozzi, ha sido imposible acceder al inmueble porque Compañía Ganadera de Tongoy Limitada ha colocado candados en el único portón de acceso, impidiendo que la Junta de Vigilancia pueda ejercer sus atribuciones y deberes legales de fiscalización en la parte alta del río Putaendo, precisamente, en el sector donde se desarrollan las actividades de exploración y sondajes de la Minera Vizcachitas. Esta última, recordemos, fue sancionada por la Dirección General de Aguas producto de extracciones ilegales en el río Rocín, según confirmó una sentencia de la Corte Suprema dictada en septiembre de 2022. Todo lo cual ocurrió con ocasión de un contrato de servidumbres entre Ganadera Tongoy y Minera Vizcachitas.
La Junta de Vigilancia del río Putaendo fue constituida en el año 1988, la cual administra y distribuye las aguas del río Putaendo a que tienen derechos sus miembros, en total, 37 comunidades de aguas, que son dueñas de 6.053 acciones, que abastecen a más de 3.800 usuarios con derechos de aprovechamiento consuntivos, principalmente regantes y sistemas de agua potable rural. Según lo establecido en el Código de Aguas, la Junta de Vigilancia tiene la atribución y el deber legal de vigilar que no existan alteraciones o extracciones ilegales, en toda la cuenca en que ejerce jurisdicción.
El presidente de la Junta de Vigilancia, don Miguel Vega, manifestó que desde la organización de usuarios están conformes con la sentencia, y que esperan que se dé pleno cumplimiento por parte de Ganadera Tongoy y Minera Vizcachitas.
