Vecinos y pequeños regantes de esa comuna de la provincia de San Felipe denuncian prácticas irregulares que están matando la agricultura familiar campesina y afectando el consumo de agua de la población. Falsificación de instrumentos públicos, acaparamiento, control total de la gestión del agua, venta y traslado del recurso sin contar con autorización de los regantes propietarios de los derechos, dan cuenta de su desamparo ante los controladores de los recursos hídricos de una de las zonas que, ya hace más de una década, vive una grave sequía.
Por Daniela Lepín www.elmostrador.cl
No es fácil hablar del agua en Putaendo. Aunque la escasez es hoy un problema prioritario de la rural provincia de San Felipe de Aconcagua, pesquisar información sobre la gestión hídrica es estrellarse con la maraña legal y administrativa en que el Código de Aguas ha transformado el acceso a este fundamental elemento de la naturaleza.
Con unos 17 mil habitantes, sus principales afluentes bajan desde la alta cordillera, en el sector de resguardo Los Patos donde el río Rocín, intervenido aguas arriba por el embalse Chacrillas, se une al estero Chalaco. De este cruce nace el río Putaendo (que significa “pantanos formados por manantiales”, según la etimología más aceptada). Tras sortear la localidad homónima, 15 kilómetros en dirección al mar se sumerge en el Valle del Aconcagua. Un tránsito que concluye en el Pacífico, a la altura de Concón.
La eterna presencia de agua zanjó el destino agrícola de Putaendo desde la Colonia temprana. A partir de entonces se ha ido tecnificando su gestión con múltiples tranques y canales que almacenan y distribuyen sus caudales por huertos, chacras y grandes campos. Hoy son 37 las comunidades de agua, presididas por quienes poseen la mayoría de los derechos. Estos grupos de usuarios conforman la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, que se divide en tres secciones: Sector Alto o Norte; Sector Poniente; Sector Oriente.
Pero el agua que fue durante siglos una bendición, hoy –si nada cambia– encierra una condena.
Ya en 2019 la junta de vigilancia, que decide sobre el reparto hídrico a través de múltiples canales, alertaba que el afluente se había convertido en un basural y depósito de piedras. En una “fosa común” para todo lo que antes era vida.
Consultado Daniel De Blasis, presidente de la organización, profundiza: “Hoy enfrentamos una megasequía que se prolonga por al menos 12 años. Lo anterior ha significado que, de los registros que existen en la DGA de la década del 40 en adelante, los años 2019 y 2021 han sido los de menor caudal en el río Putaendo”.
La sequía en la comuna es dramática, originando muerte de animales, pérdida de cultivos y pobreza. Ubicada en el noroeste de la Región de Valparaíso, desde 2008 cada año ha sido declarada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en situación de escasez hídrica. Vigente desde el 10 de marzo, el último decreto durará hasta el 10 de septiembre.
Esto ha generado brutales impactos en el mundo campesino y urbano, mal que mal un 51% de la población se abastece con sistemas de agua potable rural. Y en dos décadas la ganadería regional ha disminuido en un 24,5% en bovinos, un 38,9% en caprinos y un 40,2% en caballares. En paralelo, aumentaron las superficies no plantadas, con disminución de producción, alza del desempleo y baja en las ventas del comercio local, entre otros efectos.
La falta de agua, en el fondo, está ahogando a sus habitantes. Pero no a todos.
Cuando llueve, no todos se mojan
Al sobrevolar el valle de Putaendo es posible distinguir verdes plantaciones colindantes con áridos suelos. Similar a Petorca, también en la Región de Valparaíso, la bullante agroindustria frutícola convive con una agonizante economía familiar campesina.
“El lamento de un pueblo que corre el riesgo de desaparecer ante el silencio de las autoridades” titulaba hace pocas semanas El Mostrador, constatando la crítica situación, en que tener o no agua hace la diferencia entre vivir y morir. Literalmente.
La nota de este medio cuestionaba el uso masivo del recurso hídrico por los grandes productores agrícolas, en desmedro del abastecimiento de la población. Y lo ejemplificaba con el dato de un nuevo pozo de $ 700 millones, de 170 metros de profundidad, que el Estado, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP, pretende construir en la zona con cargo a los acuíferos comunes.
Un caso emblemático de gran agricultor que surge mientras los pequeños desaparecen es José Manuel Carter Aspeé, quien junto a sus hijos Evelyn y José Miguel Carter Ramelli controlan Carter Fruits Agroindustrial S.A. Una empresa que desde 1992 se dedica a la producción y exportación de “productos secos y deshidratados, incluidas pasas rubias y morenas, nueces”, según informan en su página web.
Hace una década, durante el primer semestre de 2012, sus exportaciones ya superaban los 2,3 millones de dólares. Cuenta con instalaciones propias en el predio “El Chorrillo”, de 19 hectáreas plantadas, a unos 20 kilómetros aguas abajo del embalse Chacrillas.
Entre otros terrenos productivos en que opera, tiene en arriendo el fundo La Quebrada, adyacente el cerro El Llano de Putaendo, terreno propiedad de Carlos Rafael Aravena Salazar, fallecido en 2018, y que hoy figura a nombre de su hermana María Isabel Aravena Salazar, según registros del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Estrujando las cuencas
El 25 de marzo último, la diputada del Distrito 6, Carolina Marzán, envió a la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) un oficio requiriendo antecedentes y solicitando fiscalizar un proyecto aprobado por la CNR para el entubamiento de 500 metros del canal “La Compañía”, en las cercanías de Putaendo. Fueron UF 3.247,29 de bonificación en el marco del “Concurso de Obras Civiles para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins” del año 2019.
La solicitud se hizo cargo de una serie de irregularidades denunciadas por pequeños regantes y vecinos del sector El Llano, que han reclamado que la Comunidad de Aguas Canal “La Compañía” no habría cumplido con los requerimientos legales para postular y adjudicarse el fondo. Entre ellos, que existen dos actas reducidas a escritura pública en distintas fechas y notarías que aluden a la misma asamblea: la del 26 de abril de 2018.
En dicha reunión, Carter fue reelecto como presidente para el período 2018-2019, al tiempo que Juan Gallardo Pinto fue elegido como secretario. También se mandató al presidente para postular el entubamiento de medio kilómetro del canal ante la CNR.
El 19 de julio de 2019, en tanto, se realizó una asamblea extraordinaria de los regantes, en la cual, nuevamente y en forma más expresa, “se autoriza al directorio para postular a proyectos de mejoramiento de infraestructura de riego INDAP, CORFO y Comisión Nacional de Riego, además se le confiere poder a su directorio y en especial a don José Carter Aspeé para que presente a concurso de la ley 18.450 el proyecto señalado precedentemente, y representar a esta organización ante la autoridad competente”, consigna el oficio de la diputada Marzán.
Una de las irregularidades de los documentos, además de la duplicidad de escrituras de 2018, es que participan, y validan las asambleas, personas que no contarían con acciones en el canal “La Compañía”.
La principal diferencia entre las actas de 2018 es que la primera escritura, del 9 de mayo de 2018, ante el notario Jaime Polloni Contardo, de San Felipe, no menciona la participación de representante alguno del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel (que cuenta con 9 acciones del canal). Sin embargo, en su segunda versión, del 19 de junio de 2018, ante la notaria Cristina Evelyn Lolas Chaban, aparece Víctor Reyes González con este mandato. El problema es que no se consignó poder de representación en dicho sentido.
También está el caso de Juan Gallardo Pinto, funcionario del hospital y electo secretario en 2018. El trabajador habría “representado” en la asamblea de 2019 al Servicio de Salud de Aconcagua –titular de las 9 acciones del recinto de salud–, en circunstancias que la propia directora del organismo, Susan Porras Fernández, informó mediante oficio del 6 de octubre de 2020 que “esta dirección de servicio no ha facultado a funcionario alguno para suscribir documentos ante la comunidad de aguas de dicho canal”.
Por esto, en octubre de 2021, la Municipalidad de Putaendo se querelló en contra de Juan Gallardo Pinto por falsificación de instrumento público, recurso que fue declarado admisible el 20 de ese mes.
Pero los cuestionamientos también apuntan a Carter.
Según un listado de beneficiarios en poder de la CNR, los regantes formales del canal “La Compañía” son poco más de 60 personas, donde se asocia la superficie de riego a las acciones de agua que cada usuario tiene sobre el afluente. La gran mayoría son pequeños agricultores, cuyas propiedades fluctúan entre media y dos hectáreas, lo que se traduce en menos de 1 acción de agua para sus actividades de subsistencia. Es decir, un acotado caudal de recursos hídricos.
Los mayores propietarios son el Servicio Nacional de Salud con sus 9,15 acciones (las del hospital, más 0,15 asociadas al Lazareto); la Empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral (Esval), con 20; y Carlos Rafael Aravena Salazar, con dos títulos que en total llegan a 78,12 acciones.
Actualmente, según se ha denunciado públicamente, el control del canal “La Compañía” lo ostenta José Manuel Carter en representación de Carlos Aravena Salazar, ya que el agricultor no tiene personalmente derechos de agua ni terrenos en dicho sector. El problema es que el propietario original falleció el 25 de mayo de 2018, más de un año antes de la asamblea extraordinaria que se realizó de julio de 2019 y en la cual se habría mandatado específicamente a Carter para la postulación ante la CNR.
Son múltiples los pequeños regantes, también accionistas, a quienes no se les consulta sobre los destinos del canal. Incluso hoy las compuertas de distribución de agua a sus predios se encuentran con candado, se quejan.
“Fue una determinación que ellos tomaron entre cuatro paredes. Hicieron ese proyecto en el cual no le preguntaron a nadie. Siete personas armaron ese proyecto, por tanto está totalmente viciado, porque somos más de 100 personas las que tenemos acceso y acciones en el canal”, explica el presidente de la Junta de Vecinos de El Llano, Fernando Irarrázabal Chávez, cuya familia cuenta con derechos de agua en el sector, y alude tanto a quienes tienen derechos de agua como a quienes han utilizado esta históricamente para sobrevivir.
Desde que conocieron la iniciativa, los pobladores comenzaron a movilizarse. Mal que mal, los 500 metros que se pretende confinar cruzan precisamente el sector habitado de El Llano.
En noviembre de 2020 hicieron protestas públicas, dando cuenta de su molestia no solo por las irregularidades, sino también por los graves efectos que el entubamiento del canal traería para las comunidades y los ecosistemas.
En este tiempo han proliferado los letreros y pancartas con mensajes de rechazo al empresario, con frases como “José Carter, ¡quiere secar el cerro! No a la muerte del cerro El Llano”; “Carter, depredador de la naturaleza. Devuelve el agua”; “Estuve a punto de morir por la sequía, hoy moriré por la avaricia de un hombre”; “No al cierre del canal”; “José Carter, ¡basta de mentir! La única verdad es que el agua de El Llano ha sido libre de tubos”.
El vocero de los pobladores, Patricio González, acusó en la ocasión al agricultor de haber recibido dineros del fisco, más 100 millones de pesos, para un primer proyecto de entubamiento del canal. Y luego “un segundo proyecto que consiguió para financiar su propio sistema de riego, también con más de 100 millones de pesos de todos los chilenos, donde una parte importante la puso él pero otra el Estado”. Y luego apareció esta tercera iniciativa, que también lideró como presidente del canal “La Compañía”, de otros 100 millones de pesos, señaló el dirigente. “Estas obras han significado simplemente que él tenga las posibilidades de seguir creciendo… beneficiando a una persona, y no a los accionistas –junto a los no accionistas– que han utilizado el agua como derecho propio durante años”, manifestó en su oportunidad.
No solo la diputada Carolina Marzán ha pedido fiscalizar el proceso de adjudicación de los fondos del concurso de 2019. Ya el 16 de octubre de 2020, el diputado Diego Ibáñez había solicitado a la Municipalidad de Putaendo “un informe que indique el impacto ambiental y una lista de las especies de flora y fauna potencialmente afectadas por la construcción del proyecto”.
Hoy la CNR estaría en revisión de la decisión adoptada, en espera de recabar más antecedentes, aunque en septiembre del año pasado se informó una modificación de la iniciativa, la que aún es resistida por la población.
Para Freddy Moreno, dirigente de los crianceros de Putaendo, “este proyecto de entubamiento sería un desastre si se logra ejecutar. No solo porque no se verá el agua correr sino porque toda la vegetación, todos los animales silvestres que bajan a beber de este canal, ya no podrían hacerlo”. En su visión, no solamente el sector de El Llano sería afectado por esta iniciativa sino toda la comunidad.
“El agua pasa libre pasa por la mitad del sitio que tengo yo y por varias propiedades más. Y ahora el señor Carter quiere entubarlo, no dejar que salga una gota de agua ni para los árboles que están al lado del canal. ¿Y qué vamos a hacer nosotros?”, se pregunta un anciano José Hidalgo, vecino del sector. Y así, en el canal de YouTube “Aguas Libres”, hay más de una decena de testimonios críticos de la forma en que se decide sobre el agua en el área.
En el aspecto ambiental, se señala que el entubamiento imposibilitaría la correcta infiltración de las napas subterráneas, afectando los ecosistemas del área y a unas 600 familias, regantes y a la comunidad del sector de El Llano y del Valle del Aconcagua en general.
Para una profesional que vive en la zona y ha investigado el tema, el diagnóstico es claro: “En El Llano lo que hay es un despojo permanente de los derechos de agua que los chicos tienen, que ahora pretenden hacerlo legal”. Ejemplifica esto detallando que “no les dan el agua. Aquí por ejemplo todas las compuertas de los chicos estaban con candados desde hace años, por lo menos cinco o seis años atrás. La gente que tiene derechos de agua no tiene acceso al agua, salvo que rompan los candados e infrinjan la ley”.
Desde hace un tiempo existe una petición online en rechazo al proyecto, fundamentada en la vulneración de derechos de comuneros y regantes; daño a la economía de producción familiar; perjuicio al medioambiente y ecosistema sobreviviente; anegamientos por aguas de lluvia; peligro de incendios, afectación de zona de El Llano como sitio turístico cultural; desconocimiento y ocultamiento del proyecto.
Asimismo, desde la Junta de Vecinos de El Llano han cuestionado a José Manuel Carter por “tener una mala reputación y valoración entre vecinas y vecinos del sector, a causa de su mala gestión en relación a la entrega oportuna del agua a accionistas, entre otros temas. Durante su mandato como director de la Asociación del Canal, ya ha recibido denuncias formales en su contra”.
El 24 de marzo de este año, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de Carter Fruits por la incorrecta operación de su sistema de tratamiento y disposición de riles, tras una denuncia presentada por la Junta de Vecinos “Nueva Esperanza”, por malos olores provenientes de un estero cercano. Hoy la entidad está a la espera de los descargos de la empresa.
Controlando la Junta de Vigilancia
Junto con la presidencia del canal “La Compañía” (además de los canales Los Lazos Quebrada Herrera y Los Molinos), José Manuel Carter es a su vez director de la Junta de Vigilancia de Putaendo, la tercera más antigua inscrita oficialmente en los registros nacionales de la DGA. La organización fue conformada el 27 de junio de 1988.
Hasta hace algunos años, Carter también presidió la Junta de Vigilancia, toda vez que el Código de Aguas establece la elección de cargos ponderando las acciones del total de los canales, proceso asociado también a los caudales de los titulares del agua. En el fondo, los dueños del agua controlan su administración.
La rotación de la directiva durante los últimos años es muestra de ello.
Al 2012, estaba compuesta por Miguel Vega Berríos (controlador de los canales Magna, El Álamo y Silva Nuevo) como presidente; Daniel De Blasis Vargas (Canal La Compuerta) como tesorero; Hugo Silva Aldunce (Canal Rinconada Chica) como secretario; y los directores Marianela Gallardo González, José Manuel Carter Aspeé, José Luis Álvarez Andrades (canales Chalaco Bajo, El Tranque) y Gonzalo Manzur Maturana (Canal Punta de Olivos). En las elecciones de ese año la conformación quedó con Carter de presidente, Miguel Vega de tesorero, junto a los directores Juan Carlos Muñoz, Luis Carmona, Tomás Basualdo y Hugo Silva.
Dicha directiva decidió permanecer dos años en funciones, y no uno como señalan los estatutos. Por ello, en abril de 2014 la DGA la declaró ilegal y, en un nuevo proceso, fue electo Miguel Vega, integrando la directiva Álvarez, Carter, Carmona, Silva, Leonel González y Juan Leiva. Hoy De Blasis, como presidente de la organización, es acompañado por Hugo Silva como secretario, Miguel Vega como tesorero, además de los directores José Manuel Carter, Marianela Gallardo, José Luis Álvarez y Carlos Muñoz. Las próximas elecciones serán el 26 de mayo.
Es esta gestión y control del directorio por quienes tienen más acciones la que, explica Freddy Moreno, ha ido en desmedro de otros usuarios: “Hace 8 años la segunda sección tenía 105 horas de turno de agua, pero hoy van en 66”. Esto se complementa con el hecho de que la Junta de Vigilancia, por decisión del directorio, le vende agua a otros actores, como los Comités de Agua Potable Rural o la propia Esval, bajo la figura de enajenación de “caudal suplementario”.
En 2020, el presidente Daniel De Blasis, otro gran agricultor propietario de la Sociedad Agrícola María del Tránsito Ltda. (o MDT Fruit), explicó que este tipo de decisiones se enmarca en la voluntad “de abastecer, en primera instancia, al consumo humano. Esto ratifica el convencimiento de nuestros agricultores, regantes y la Junta de Vigilancia en dar prioridad a la potabilidad del agua, antes que el riego, incluso en años de extrema sequía”.
Pero no todos están de acuerdo.
En opinión de varios esta medida sería irregular, considerando que “legalmente la Junta de Vigilancia no puede vender un litro de agua, porque no tiene agua. El agua es de los regantes. Y por lo demás, el agua es un derecho, no un privilegio”, señala Moreno.
Además, varios pozos de la Junta de Vigilancia “están en el sector bajo, pero el agua la venden en el sector alto… ¿y cómo la llevan para arriba? Al final, les sacan a los regantes para vender el agua”, apunta Richard Sánchez, pequeño usuario del sector y socio, con pocas acciones, de la Junta de Vigilancia. A esto se suma que “ningún regante ha firmado para que les cambien las acciones de agua, eso también es ilegal, porque el agua es de los regantes y no de la Junta de Vigilancia”, puntualiza. La práctica de intercambiar recursos de pozos aguas abajo por caudales aguas arriba, afectando a quienes están en la parte intermedia, también es la forma en que Carter opera, sostiene Sánchez.
El campesino recuerda que hace algunas semanas un dirigente de la Junta de Vigilancia señaló que no venderían más agua porque estaban muy bajos los pozos, pero “a la semana siguiente, en el turno que bajó para Granallas, vendieron para el sector de Rinconada Silva, para Carter, y yo saqué una foto de cómo le vendían agua toda la mañana”. Esto, porque además de vender agua a otras entidades, se transa también a favor de los propios regantes, pero siempre que tengan más de dos acciones de agua. “Con eso están matando la agricultura familiar campesina y los únicos que están surgiendo son los que tienen plata para comprar agua. Porque cuando no le venden agua al que tiene menos de dos acciones, están discriminando al pequeño regante”.
Y acota: “Cuando venden agua, el comprador riega una hora con 60 o 70 litros por segundo. Pero quienes tenemos acciones en nuestro sector regamos con 40 o 50 litros por segundo 28 minutos. Es decir, tiene más agua el comprador que el dueño de acciones”.
La venta de agua es un tema definido procedimentalmente y corresponde a las horas de pozo de que se dispone: tanto los de la propia Junta de Vigilancia como los de la DOH, sistema que es operativizado cuando se dicta un decreto de escasez hídrica que les permite acceder a estos, explican desde la organización. Así, se entrega un adicional a los canales mediante la figura de sustitución de caudal.
“El valor que se cobra es el equivalente a los costos en que incurre la Junta de Vigilancia por la extracción (energía), distribución de caudales, cuidadores de infraestructura, administración, servicios eléctricos varios, reparaciones, etc.”, señala De Blasis. Y “la distribución de las horas a vender a cada regante depende directamente de las acciones que tenga el comprador, que es igual a la superficie de riego que posee”, acota.
El procedimiento es puesto en conocimiento de la DOH, que incluye las ventas de horas pozo por comunero, total de la comunidad, costos asociados al proceso y balance económico de este.
Aún así, muchos regantes siguen disconformes y sus dudas las han puesto en conocimiento de los organismos del Estado, como la Dirección de Obras Hidráulicas, la DGA, el Gobierno Regional de Valparaíso, sin embargo, reclaman que no se han realizado las pesquisas correspondientes. Más aún cuando las autoridades –dicen– se reunirían solo con las directivas, pero no en asambleas abiertas para escuchar directamente de los usuarios del agua sus planteamientos.
Y en el caso de auditorías externas, no se han realizado. Esto, porque solo se aplican cuando hay alguna petición expresa para ello, lo que no habría ocurrido.
La queja de Sánchez se sustenta en la impotencia: cada acción corresponde en su zona a unos 28 minutos de agua, con un turno cada 8 días. En su caso, hoy tiene 0,8 acciones: es decir, 20 minutos. Pero incluso el año pasado estuvieron recibiendo agua cada 16 días, por falta de lluvias.
En el fondo, acusan que existe discriminación a favor de los grandes agricultores de la fruta. Más todavía por la sistemática construcción de pozos que entregan mayor caudal, pero que van mermando el agua global de los canales y perjudicando a los pequeños.
“A mí me pasaba el año antepasado que me daban agua de noche, a las 3 de la mañana. Comenzaba a regar con un caudal y terminaba regando con un chorro del agua. Pero a quién se le puede reclamar si nadie responde. Pero justo un poquito antes de que yo entregara el agua, venía aumentando, cuando se supone que el embalse siempre bota la misma agua”, plantea Sánchez. La administración de hoy de Chacrillas corresponde a la DOH, aunque se está programando que su gestión pase a la Junta de Vigilancia. Algo que, en su visión, profundizará el problema. En la página web de la organización de aguas aparece la información hidrológica de este reservorio, sin embargo, el último reporte es del 20 de julio de 2021. Hasta hoy no ha sido actualizado.
Desde la Junta de Vigilancia explican que los turnos son establecidos “de acuerdo al caudal disponible y el número de acciones de cada canal y el tiempo de entrega, lo que determina el caudal entregado a cada comunidad”.
En este sentido, “el turno del río está establecido hace muchos años por acuerdo de directorio y consiste en que, cuando el río trae menos de 3.200 lts/seg., este comienza y consiste en dividir el reparto en dos. Se riega el sector alto con todo el caudal y después el bajo poniente y oriente con todo el caudal. Mientras un sector riega, el otro esta sin agua. El tiempo de duración para cada sector depende de las acciones de cada uno, en un turno que dura 8 días en volver al mismo lugar”, señala De Blasis.
La precariedad del sistema institucional, que paradójicamente ahoga a los campesinos, hace que “en el último período, por ejemplo, tenías 0,25 acciones de agua y te daban 5 minutos de tiempo, que es lo que te demoras en levantar y bajar la compuerta, y te gastaste tu tiempo”, explica una joven profesional testigo de esta realidad.
Desde la Junta de Vigilancia señalan que se están haciendo cargo de esta situación, desarrollando junto a la CNR y empresas privadas un proyecto que consiste en instalar compuertas automáticas, accionadas remotamente a través de radiofrecuencia de un servidor central y que, al descargar el agua, medirían el caudal exactamente. Se busca así –indican– “dar plena certeza y transparencia al reparto, ya que no son intervenidas manualmente”.
Muchos campesinos han tenido que dejar de sembrar y terminan trabajando para grandes fruticultores. Esto es refrendado por el investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, Tomás Palmisano, quien en el artículo “Conflictos socioambientales y territoriales en espacios rurales de la comuna de Putaendo” señala que existen “tensiones entre actores de diversas escalas, especialmente los empresarios locales capitalizados y los pequeños agricultores. Mientras los primeros han logrado incorporar tecnología y contar con ‘derechos de aprovechamiento de agua’ suficientes para llevar adelante sus explotaciones, los segundos se encuentran en una situación cada vez más precaria, a raíz de la implementación de turnos de riego y venta de horas de agua en períodos de sequía”.
Para un vecino del sector de El Tártaro (canal del Tranque) que dio su testimonio en off, estas denuncias no le son ajenas.
“Cuando a José Manuel Carter y a Guillermo Martínez les toca el turno, el caudal es suficiente para todo. Para nosotros es una mugre de agua”, indica, lo que constatan al revisar en distintos momentos el aforador instalado.
Esta visión crítica es desestimada por De Blasis, quien explica que “la Junta de Vigilancia tiene por mandato la distribución del agua del río en las diferentes comunidades de regantes (canales), de acuerdo a las acciones que posee cada canal, y nuestra gestión llega hasta la compuerta de distribución del canal”. En este sentido, “la Junta de Vigilancia no tiene injerencia alguna dentro de las comunidades de regantes y menos en el reparto a cada uno de los comuneros, de acuerdo al Código de Aguas”. Esto sería cautelado por el “equipo, entre profesionales y colaboradores, donde está la administradora general de la Junta de Vigilancia, dos celadores y dos secretarias encargadas del quehacer de la junta y de la distribución de las aguas”.
El dirigente agrega que hoy por hoy “hay una cantidad menor de reclamos que llegan a nuestra oficina, básicamente por disminuciones de caudal momentáneas o sin aviso, las que son avisadas a la brevedad a nuestros celadores y ellos acuden al lugar para solucionar los problemas”. Y, en estos procedimientos –según la organización– se constataría que “muchas veces se trata de obstrucciones en las compuertas debido a desperdicios que votan al canal, entre otros, rebalse de canal por tacos que hacen niños para bañarse, también por alteración de dispositivos de distribución y extracción ilegal de aguas”.
En estos días de escasez hídrica y con el objetivo de “limpiar” los canales, “botaron el agua al río, sin tomarle el parecer a nadie cuando nosotros no tenemos agua ni para los animales”, porque “como tienen pozos más abajo, les conviene llenar las napas para sacar el agua más abajo”.
Su conclusión es una sola: “Estamos abandonados”. A merced de los dueños del agua.
El mito del consumo humano
Hace unos días, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, dijo que están impulsando la figura de los Consejos de Cuencas para enfrentar el choque de intereses, priorizando el interés público. “La titularidad de un derecho de aprovechamiento de agua, sea superficial o subterráneo, no puede ser un obstáculo que impida la participación de las comunidades en la administración de las cuencas de sus territorios”, adelantó.
Un buen ejemplo para entender la urgencia de estos cambios es, precisamente, Putaendo.
En la comuna existen 7 Comités de Agua Potable Rural (APR), conocidos hoy como Servicios Sanitarios Rurales, que son organizaciones autogestionadas por la comunidad que distribuyen el agua para el uso doméstico de la población. Al año 2020 contaban estos con unos 3.600 arranques.
Quebrada Herrera es uno de esos APR, hoy con unos 950 socios. Y para ellos, la intervención de la agricultura de los acuíferos mediante pozos que financia la DOH está afectando la provisión del recurso para la población. Y esto se nota en cómo baja el nivel de agua en sus propios sistemas de extracción: “Nosotros sacamos 16 litros por segundo, 18 horas al día, para poder abastecer a nuestros socios. Pero en los últimos tres años nuestro pozo, que estaba a 130 metros, bajó a 150”, explica Jorge Herrera, presidente del comité.
En esto, obviamente, las nuevas extracciones para fines agrícolas “también afectan nuestro pozo”, más aún considerando que la Junta de Vigilancia tiene unos 8 pozos y solo uno de estos “saca 90 litros por segundo en tres días, extrayendo lo que nosotros usamos en un mes. Eso es muy fuerte”, recalca.
Esta inequidad no solo está sustentada en el Código de Aguas. También en el acceso a la autoridad, que está dando prioridad a la gran agricultura. “Importa más una plantación de nogales que el consumo humano. Hace dos meses ya hicieron dos pozos… yo soñaría hacer uno para abastecer a nuestros socios”, se lamenta.
José Manuel Carter fue contactado para la elaboración de esta nota. A pesar de que en un principio expresó su disposición para contestar al cuestionario que le fue enviado, en definitiva sus respuestas no llegaron.
