Reportaje de www.puranoticia.cl
Ejecutivo de la empresa indicó en su declaración que hubo un grupo de funcionarios en servicio activo que evaluó las propuestas y adjudicó el puntaje más alto a Itelecom: se trata del Director de Obras Municipales y el Director de la Secretaría de Planificación Comunal.
La declaración de uno de los ejecutivos de Itelecom, la empresa de luminarias que habría pagado sobornos en distintas municipalidades de Chile, afirma –sin dar nombres– que se pagó “en efectivo y en bolsas de basura” a algunos funcionarios de la Municipalidad de Putaendo, en la región de Valparaíso, para competir y ganar un contrato por $658 millones.
De igual forma, agregó que hubo un grupo de funcionarios en servicio activo que evaluó las propuestas y adjudicó el puntaje más alto a Itelecom. Entre ellos, el Director de Obras Municipales (DOM) y el Director de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac).
En julio, la PDI incautó celulares y computadores desde sus oficinas. Los nombres no habían trascendido, hasta ahora…
LA ARISTA PUTAENDO
Dentro de la investigación, agrupada en la querella que lleva el 7º juzgado de Garantía de Santiago, para determinar los eventuales ilícitos cometidos por la empresa Itelecom en varias comunas a lo largo del país, una arista poco conocida es la que tiene relación con la licitación de luminarias en Putaendo, comuna perteneciente a la provincia de San Felipe, al interior de la región de Valparaíso.
“La arista Putaendo es una que merece especial atención en el caso Luminarias. Nos llama la atención que no haya tenido en esta Municipalidad la expedición o agilidad que sí ha tenido en el resto del país, sobre todo considerando que dos integrantes de la comisión evaluadora de la oferta de Itelecom –que en Putaendo ganó por lejos– sigan laborando en aquella Municipalidad. Entonces, es muy importante que esa arista sea investigada con agilidad y mucha fuerza por parte del Ministerio Público”, dice el abogado Remberto Valdés, querellante en la causa y quien pidió citar a declarar a los dos funcionarios aludidos.
En julio de este año, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó los celulares y computadores de varios funcionarios de la Secplac de la Municipalidad de Putaendo, con el objetivo de encontrar datos que los lleven a concluir si existe alguna irregularidad en el proceso por el cual la Municipalidad pagó $658 millones, tal como lo demuestra el decreto que adjudica la licitación, documento al cual Puranoticia.cl tuvo acceso.
Vale hacer presente que se trata de un contrato menor, si se considera que dentro de las nueve comunas de la región Metropolitana que pagaron un servicio similar, los montos varían entre $11 mil millones en Melipilla, $10 mil millones en Recoleta y más de $6 mil millones en Las Condes.
El contrato en el caso de Putaendo se firmó en la administración anterior del alcalde PS Guillermo Reyes –quien falleció en enero de 2020– y el actual jefe comunal, Mauricio Quiroz, quien ofreció toda la colaboración desde la casa edilicia afirmando que “en caso de que la Policía detecte situaciones constitutivas de delito, se pueda identificar a los responsables y se les aplique el máximo rigor de la ley”. De igual forma, lamentó los inconvenientes que este procedimiento pudo traer a los funcionarios municipales.
“SOBORNOS DESDE 2017”
Según declaró Pedro Guerra, uno de los ejecutivos de Itelecom, que se encuentra formalizado, “yo estimo que en algún momento del año 2017 se empezaron a pagar sobornos. En algún minuto Marcelo (entendemos se refiere a Lefort, dueño de Itelecom) me mencionó que se pagaba a gestores intermediarios que usaban este dinero para pagarle a funcionarios municipales o a otros intermediarios”.
“Gestores son las personas que conocían a funcionarios municipales y podían ayudar a Itelecom a adjudicarse licitación; y gestores intermediarios son otros gestores que no son funcionarios de ninguna repartición, que podrían hacer tratativas con otros funcionarios”, explicó.
OTRAS ADJUDICACIONES
El mismo ejecutivo, el 26 de agosto de 2020, sostiene que mediante este procedimiento con sobornos se logró adjudicar licitaciones en las comunas de San Joaquín, Putaendo, Puerto Natales, Lo Prado, Rinconada y Recoleta. En esta última comuna, la causa logró hacer ruido en la campaña presidencial, cuando el esquema delictual parecía alcanzar al alcalde Daniel Jadue (PC), quien hasta las elecciones primarias de este año era una promisoria figura presidencial. Con todo, en el proceso Jadue aún no figura como imputado.
También admite en su declaración que hubo intentos de adjudicación en las comunas de Valdivia, San Miguel, Alto Hospicio y Puente Alto, sin contar Puyehue, Puerto Octay y Puerto Varas. En todas ellas admite haberse reunido con autoridades municipales, no en todas con los respectivos alcaldes. En algunos casos, con los administradores municipales.
TENTÁCULOS EN PUTAENDO
En el caso de Putaendo, Marcelo Lefort reconoce en el proceso judicial que el contrato era “pequeño” y, por lo tanto, la conducción de él estuvo a cargo enteramente de Ricardo Rodríguez y Pedro Guerra.
Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, que es defendido por el abogado Isidro Solis (ex ministro de la presidenta Michelle Bachelet) reconoció que en el caso de Putaendo, sus ejecutivos llegaron al entonces alcalde (s) Fabián Muñoz Díaz, a través de Cristián Ureta, otro de los imputados como participante de esta supuesta asociación ilícita.
También dijo que en Putaendo “los servicios necesarios para la fase de ejecución habían sido encomendados a la empresa de Ureta, de lo cual podía presumir que Rodríguez y Guerra habían acordado alguna clase de pagos vinculados al municipio”, según afirma su declaración judicial.
COMISIÓN EVALUADORA
En Putaendo se formó una comisión evaluadora para concretar la licitación que se adjudicó en marzo de 2019. De esa comisión formaron parte dos personas que siguen siendo funcionarios de la municipalidad. Se trata del director de Obras Municipales, Jorge Reyes Piña, y el director de la Secretaría de Planificación Comunal, Gonzalo Galdamez Paez.
De este grupo formó parte también el alcalde subrogante Fabián Muñoz, quien cayó en desgracia cuando en el pacto de Unidad Constituyente, la DC decidió presentar una candididatura para competir con la suya y finalmente fue elegido Mauricio Quiroz, quien iba en la lista del Partido Radical.
Quiroz mantuvo a estos dos funcionarios que figuran en la comisión evaluadora y a quienes el ejecutivo de Itelecom, Pedro Guerra, pone en problemas justamente porque no los identifica cuando alude a la comuna en su declaración ante la Brigada Anticorrupción de la PDI.
Guerra aseguró en agosto del año pasado que “se pagó para conseguir modificaciones en las bases, para competir y conseguir la adjudicación”. El imputado señaló que fue Cristian Ureta y otro intermediario, el encargado de pagar los sobornos a funcionarios. Se presume que el otro intermediario pudo haber sido un ex Diputado PS o un ex Concejal de Iquique.
PAGO “EN EFECTIVO Y EN BOLSAS DE BASURA”
De cualquier forma, en su declaración, Pedro Guerra aporta un detalle anecdótico: dice que desconoce los montos y a quiénes se les pagaron, pero que Cristian Ureta le aseguró que fue “en efectivo y en bolsas de basura”. Paralelamente en una de las escuchas telefónicas adjuntas al proceso, que corresponde a febrero de 2019, Cristián Ureta pregunta cuánto se va a pagar a uno de los involucrados en la licitación de Putaendo, consultando “¿cuánto tenemos en la mesa para el amigo?”.
Lo cierto es que el grupo conformado para analizar las bases otorgó el puntaje más alto aItelecom, muy por sobre los demás participantes. Este modelo concuerda con el utilizado por todas las municipalidades que se apegaron a las bases diseñadas por Paul Pacheco, ingeniero del Ministerio de Energía, que las confeccionó de tal manera que el único capaz de ganar los contratos de renovación de luminarias fuera Itelecom.
Según la investigación judicial, se ofrecieron a Pacheco entre 5 mil y 10 mil pesos por luminaria adjudicada. Pese a ello, el hombre ha reclamado en privado que Itelecom no le pagó todo el dinero comprometido.
En el caso de Putaendo, este cuadro comparativo en que las bases favorecen a Itelecom, está firmado por el director de Obras, Jorge Reyes; Gonzalo Galdamez, el director de Secplac; y el ITO eléctrico municipal Alberto Mardones. Los dos primeros, como ya hemos dicho, siguen en sus puestos dentro de la Municipalidad
En una ampliación de querella presentada el 18 de octubre pasado, por el abogado Remberto Valdés, querellante en representación de un grupo de concejales y ex concejales de Chillán, otra de las municipalidades involucradas, pide que se llame a declarar a Jorge Reyes y Gonzalo Galdames para aclarar qué tipo de contactos tuvieron antes o durante el desarrollo de la licitación gente relacionada con Itelecom.
En la querella se apunta a Victor Amado Herrera, conocido en el mundo municipal como gestor en el negocio de los residuos, pero que según esta investigación formó parte del grupo ayudando a Itelecom con sus contactos en municipalidades.
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