En este último rol, uno de los querellados es el conocido vecino de Putaendo, ex candidato a Alcalde y a Diputado, Ulises Tobar Cassi.
Reportaje de Patricio Gallardo M.
El Consejo de defensa del Estado (CDE) se querelló por el delito de soborno en el marco de la arista Putaendo de Itelecom. La acción judicial fue interpuesta contra dicha empresa y contra 6 personas naturales, de los cuales 3 son ejecutivos; y la misma cantidad, intermediarios.
¿Cómo funcionaba la maquinaria según el CDE?
Según la querella del CDE, interpuesta por MICHAEL WILKENDORF SIMPFENDORFER, Abogado Procurador Fiscal de Valparaíso, el gerente de ventas de Itelecom, Pedro Guerra Guerrero, derivaba las gestiones en Cristián Ureta Bravo, quien operativizaba las gestiones a través de José Hidalgo Abarzúa y Ulises Tobar Cassi.
La licitación, denominada “Mejoramiento Alumbrado Público Rural”, comuna de Putaendo, Código BIP 30485847-0, financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso, mediante el Fondo Nacional Desarrollo Regional. El presupuesto oficial ascendía a la suma de $693.631.000.- I.V.A. incluido, fue publicada el 6 de julio de 2018, a través del portal www.mercadopublico.cl.
Ahí se establecía que la Municipalidad de Putaendo actuaría como Unidad Técnica, estando a cargo de las ofertas, proposición de adjudicación de las propuestas, control y recepción de obras. En el caso de las materias administrativas del proyecto y proceso de licitación, se indica que constituirá la Unidad Técnica la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN del señalado municipio, mientras que para los aspectos técnicos del proyecto la unidad técnica la constituirá la Dirección de Obras Municipales, DOM de la Municipalidad de Putaendo.
Itelecom, como política de la empresa, había establecido el ofrecimiento de beneficios económicos o sobornos a funcionarios públicos de los distintos municipios del país, entre ellos el municipio de Putaendo con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias LED a lo largo del país.
Se acordó, por parte de Itelecom, pagar sobornos a través de operadores o gestores locales y que el monto de dichos sobornos fluctuaría entre un 5 % y un 10% del valor del contrato, en los casos de licitaciones de corto plazo, y en montos que fluctuarían entre $5.000 y $20.000 por luminaria instalada, en los casos de proyectos a largo plazo.
En el caso de Putaendo, la Comisión Evaluadora de la citada licitación pública, se conformó por los señores Gonzalo Galdames Páez, SECPLA de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, Fabian Muñoz Díaz, Alcalde Subrogante y Administrador del señalado municipio, Jorge Reyes, Director de Obras Municipales de Putaendo y, el Asesor Técnico de Obras, Alberto Mardones.
Cristián Ureta Bravo, José Hidalgo Abarzúa y Ulises Tobar Cassi, debían según la querella del CDE realizar gestiones con ellos, y con funcionarios de la Municipalidad de Putaendo, para lograr modificaciones de las bases administrativas en términos favorables para Itelecom, para competir en el proceso licitatorio y cambiar incluso la opinión de la Comisión Evaluadora. Para ello contaban con recursos económicos que permitirían concretar cualquier cambio. El CDE asegura en el escrito que Tobar conocía a funcionarios e integrantes de la comisión evaluadora, por lo que se encargaba personalmente de ellos.
En febrero de 2019, en una de las múltiples escuchas telefónicas entre los querellados Ureta y Guerra, y que aparecen en este caso, se asegura que (Texto Transcrito de escucha telefónicas) “Enel aparece primero, por eso te estoy diciendo que lo que el José (Hidalgo) con estos antecedentes va a ir a hablar con esta gente y va a argumentar con el archivo que tú me mandaste porque Enel está inadmisible”. En este tiempo, además, José Hidalgo era el titular de la concesión de parquímetros de San Felipe, la cual abandonó en medio de un escándalo que implicó el no pago de sueldos a sus trabajadores y cobrar estacionamientos, durante dos meses sin pagar el respectivo derecho edilicio.
La intervención de los querellados antes señalados, fue de tal magnitud según el CDE que dejaron fuera de carrera a la empresa con mejor evaluación en la licitación, Enel Distribución Chile S.A, compañía de intereses italianos y que controla el sistema eléctrico de la Región Metropolitana. (David contra Goliat)
La decisión adoptada por la Comisión Evaluadora fue sometida a aprobación del Concejo Municipal en sesión ordinaria N°95, de fecha 27 de febrero de 2019, aprobándose la propuesta de adjudicación del proyecto “Mejoramiento de Alumbrado Público Rural” a la empresa Itelecom Holding Chile SpA. Finalmente, mediante Decreto Alcaldicio N°691, de 6 de marzo de 2019, se adjudicó la Licitación Pública ID 2627-12-LR18, correspondiente al proyecto en cuestión, a la empresa Itelecom Holding SpA, por un monto de $658.949.450 impuesto incluido.
En la querella, presentada el 1 de abril de 2022, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicita que “se cite a declarar a la Fiscalía local de San Felipe, , al ex funcionario municipal de la Municipalidad de San Felipe nombrado por los querellados en sus declaraciones como Patricio González, quien habría entregado según el CDE información respecto del proceso licitatorio llevado a cabo por el municipio de Putaendo.
Cabe hacer presente que la calidad de imputado, conforme lo señala el artículo 7 del código procesal penal, consiste en la investigación que pueda realizar el ministerio público o la policía en contra de una persona a la que se le atribuye algún grado de participación en un hecho punible, siendo la imputación una calidad que permite a la persona investigada ejercer todos sus derechos y garantías constitucionales para una debida defensa, en este caso donde hasta la fecha aún no han sido formalizados por el Ministerio Público, personas investigadas en este caso que tengan domicilio en la comuna de Putaendo.
Continuara….
Mardones
