Fuente: Fuerza informativa Aconcagua.
La Abogada Maricel Martínez Vicencio había asumido el 12 de enero como Delegada Presidencial de San Felipe.
En el mundillo político era una buena noticia que una hija de esta tierra reemplazara a una “afuerina”, con poco arraigo político, como la representante liberal Scarlett Valdés Pizarro.
Militante del Partido por la Democracia (PPD), Martínez llegaba con un equipo que debía ser funcional a la campaña a constituyente del exdiputado Marco Antonio Núñez, quien finalmente no resultó electo.
El 8 de mayo, un día después de la votación, la Fuerza Informativa Aconcagua tuvo acceso a dos acciones legales que involucraban a la autoridad.
Una se trataba de un accidente de tránsito, donde pedía una indemnización tras sufrir dolores en un dedo.
La otra era una demanda interpuesta en su contra por el padre de sus dos hijas, por no pago de pensión de alimentos en un monto cercano a los 15 millones de pesos. Esta causa se encuentra radicada en un Tribunal de Familia de Santiago.
Era impresentable que una autoridad de este gobierno tuviera una deuda de estas características. Ha sido una de las banderas de lucha del Presidente Gabriel Boric quien, por coincidencia del destino, anunció este mismo viernes la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y pago efectivo de pensiones de alimentos.
En un 97 por ciento, los deudores son hombres. Un 3 por ciento corresponde a mujeres. Maricel Martínez Vicencio es parte de ese 3 por ciento. Es parte de esa inmensa minoría.
Esta semana no lo pasó bien, tras conocerse que era “mamita corazón”.
Aunque la Fuerza Informativa Aconcagua entregó indicios, sin nombrarla, tenía claro que los dardos apuntaban a ella. Sabía que debía hacer algo. Por lo mismo, el miércoles logró un acuerdo con la contraparte y pagó, al contado, una suma cercana a los 10 millones de pesos, que quedó reflejada en la causa del tribunal de familia capitalino.
Pensó que de esta forma iba a seguir sin problemas en el cargo. No logró entender que el problema es deber, aunque se pague. No se le puede deber la pensión de alimentos a hijas e hijos.
Por su cabeza no pasaba la posibilidad de salir, con más pena que gloria del Gobierno, y dejar de recibir esos casi 5 millones de pesos mensuales, que mejoran la calidad de vida de cualquiera.
Este viernes hubo reunión de Delegadas y Delegados en Quillota, para coordinar materias de seguridad. Y fue la última vez en que se vio a Maricel Martínez Vicencio como representante gubernamental. Es más, ni siquiera estuvo en la foto que se tomó al final de la jornada. Ya sabía lo que venía.
Le dijeron que no seguía y que lo iban a pasar como renuncia, aunque está más que claro que lo último nunca pasó.
El abogado Cristián Aravena Reyes será, por unos días, delegado de las provincias de Los Andes y de San Felipe.
Se espera que, en los primeros días de junio, se oficialice a quien ocupe el sillón del segundo piso del ex Edificio Azul.