Un triste episodio que deja en evidencia la fragilidad de la legislación ambiental vigente y la cruda realidad oculta de sobornos y pagos a autoridades, organizaciones, empresas, políticos, algunos candidatos para lograr el adjetivo final a costa de quien sea necesario comprar por parte de la empresa minera.
Por Patricio Gallardo M.
Aun cuando era absolutamente esperable que la votación se decidiera en favor de la minera canadiense, ya que la comisión de medio ambiente es integrada por funcionarios de confianza del actual gobierno, la sesión no dejó indiferente a cientos de personas que estuvieron pendientes a las redes sociales para seguir lo expuesto en dicha instancia.
De acuerdo con lo manifestado por muchos putaendinos y putaendinas, que siguieron las transmisiones en redes sociales, cuesta aceptar que un proyecto que daña irremediablemente el ecosistema de montaña del sector las Tejas y que impactará a las comunidades aledañas, haya sido aprobado sin ningún reparo de servicios públicos que se supone están para proteger a las personas y la naturaleza.
Así las cosas, ninguna autoridad sectorial levantó la voz para decir algo en momentos que el propio Servicio de Evaluación Ambiental SEA, relataba que para hacer los sondajes se cortarán arboles nativos y se impactará el hábitat de la fauna cordillerana. Ninguna voz de los funcionarios del gobierno se alzó para decir algo por el impacto que habrá en la cantidad y calidad de las aguas de nuestro valle que serán afectadas por el proyecto.
Lo anterior contrastó con las sólidas exposiciones contrarias al proyecto minero, que dieron a conocer Sara Gómez del APR de Guzmanes; Arón Cádiz de Vecinos en Movimiento; Violeta Rabí de Putaendo Resiste; Mario Sotollicio Consejero Regional y Mario Fuentes Administrador Municipal, y que lamentablemente fueron desestimadas.
Dentro de los principales argumentos opositores al proyecto de sondajes destacó el hecho que la Participación Ciudadana, conseguida por decisión de la Corte Suprema, no fue realizada con un mínimo de consideración a la situación de pandemia que afecta al país, y que tampoco las observaciones surgidas en dicha instancia fueron respondidas satisfactoriamente por el titular del proyecto.
Por su parte también fue desestimado el hecho que muchas observaciones del municipio y de otros servicios públicos como la Dirección de Obras Hidráulicas no hayan sido consideradas y ni siquiera respondidas como, indicó el Administrador Municipal, que a su vez solicitó que se suspendiera la votación a la espera de un dictamen de la Contraloría Regional luego de la denuncia hecha por el municipio, recurso administrativo que pretende invalidar la Resolución de Calificación Ambiental. Concluidas las exposiciones los 11 miembros del Consejo Regional de Medio Ambiente procedieron a votar y aprobaron el proyecto de 350 sondajes.
Lo que viene
Luego de esta votación, cabe preguntarse qué pasará ahora: ¿la minera iniciará las obras en el corto plazo? O los recursos judiciales anunciados por la Municipalidad y las organizaciones ambientales, más las legítimas acciones de protesta ciudadana, ¿impedirán que se hagan los sondajes?
En este contexto se abren muchas otras interrogantes: ¿Será posible conseguir la unidad de la mayoría de los opositores a la minera y una estrategia común?, ¿Qué dirán actores sociales relevantes en nuestra comuna como los agricultores o la Directiva de la Junta de Vigilancia, seguirán en un silencio sepulcral? ¿La Minera Vizcachitas Holding fortalecerá su estrategia de dividir para reinar y comprar conciencia de personas y organizaciones sociales, como lo ha venido haciendo hasta ahora?
Al parecer la lucha por impedir este “proyecto maldito” seguirá dándose en distintos escenarios y con distintas formas
