Edil habría infringido la obligación legal de informar. Algunos requerimientos llevan casi 1 año y medio sin respuesta
La diputada de la región de Valparaíso Chiara Barchiesi ingresó en la Cámara de Diputados tres oficios de fiscalización destinados al Contralor General de la República, para que inicie los procesos administrativos conducentes a los procesos sancionatorios contra el alcalde de Putaendo Mauricio Quiroz, por no dar oportuna respuesta a los oficios de fiscalización despachados, algunos de ellos, hace casi un año y medio.
La diputada republicana explicó que “parte de nuestra función es la fiscalización, y desde ese rol, mantengo una activa comunicación con la mayoría de los alcaldes de las 26 comunas que me toca representar, me parece que es un buen instrumento, para recabar antecedentes del funcionamiento de los municipios y de las necesidades de los vecinos, para ir buscando alternativas de apoyo desde la actividad legislativa en el Congreso”.
Sin embargo, desde el sitio web de la Cámara de Diputados es posible comprobar que la diputada Barchiesi mantiene al menos 3 oficios de fiscalización despachados a la Municipalidad de Putaendo que nunca fueron respondidos por su alcalde, uno de ellos despachado el 26 de marzo de 2022 para conocer la situación de los camiones aljibes en la comuna, un segundo oficio enviado el 5 de enero de este año consultando por los sistemas de calefacción disponibles para los niños de Putaendo en sus establecimientos educacionales y un tercer oficio, fechado el 26 de marzo, para conocer situación de vertederos ilegales y microbasurales de la comuna.
La diputada Barchiesi expuso que “lamento que el alcalde no haya podido dar respuesta a estos oficios de fiscalización, porque son por asuntos muy sensibles e importantes para los vecinos como, por ejemplo, la calefacción en las escuelas de la comuna, o la situación de entrega de agua mediante camiones aljibe. Uno entiende que pueda haber un retraso en la respuesta, de hecho, siguiendo las prerrogativas constitucionales, todos ellos, los despachamos por segunda vez el 13 de julio pasado, pero tampoco los respondió”.
Cabe señalar que, según la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los oficios de fiscalización de los diputados destinados a los jefes de servicio de las entidades públicas deben ser respondidos en un plazo de 30 días hábiles administrativos y en caso que no sean contestados en ese plazo, el parlamentario debe enviar una reiteración, con un nuevo plazo de 30 días hábiles más. Si en todo ese periodo no hubiere respuesta, procede la solicitud a la Contraloría General de la República para que inicie el procedimiento administrativo conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenido en el artículo 9° de la Ley 18.918.
