La demanda por más de 30 millones de pesos, interpuesta por el ex administrador y alcalde subrogante de la municipalidad de Putaendo, fue rechazada íntegramente por el Juzgado de Letras, Familia y Garantía, por lo que el municipio no deberá pagar ni un peso al demandante.
Por Patricio Gallardo M.
El fallo del Juzgado, se venía esperando hace varios días, por el impacto político que ocasionó en su oportunidad el que un funcionario de exclusiva confianza del ex alcalde Reyes. Y porque el demandante pretendió que se le reconociera el hecho que seguía teniendo una relación contractual con el municipio, cuando todo Putaendo sabía que el alcalde Zamora le había solicitado la renuncia el 30 de julio del año pasado.
La maniobra de carácter más político que judicial, tendría un capítulo altamente cuestionable, cuando durante el juicio Fabian Muñoz ofreció como prueba una grabación de una conversación privada, obtenida de manera oculta, prueba que fuera retira por el propio querellante.
De acuerdo al fallo dictado por la Juez Titular doña Daniela Torres Flores, es la Contraloría General de la República la encargada de revisar si existieron o no vicios de legalidad en la desvinculación de Muñoz de la municipalidad. No se entiende entonces porqué alguien que declara tener una larga experiencia en la administración pública, recurre a un Juzgado de Letras y pide una indemnización por supuesto daño moral y vulneración de derechos laborales
“Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República,
cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les
confiere el presente estatuto”. Por su parte, la Ley N°10.366 Orgánica Constitucional de la
Contraloría General de la República, en sus artículos 1, 10, 16, 17 y 21, preceptúa que el
Órgano de Control de los Actos de la Administración está obligado a fiscalizar y resolver
los asuntos referidos a derechos de los funcionarios de las instituciones públicas.”
La gran pregunta que surge en este bullado caso es cuales son las verdaderas razones que tuvo Muñoz para demandar al municipio, representado por don Sergio Zamora, y porqué no lo hizo en los Tribunales Laborales o en la propia Contraloría Regional.
Esto se trata sólo de “vulneración de derechos fundamentales con relación laboral vigente y daño moral” como señaló al presentar la demanda, o iba detrás de los suculentos millones de pesos que pretendió cobrar y que el Juzgado estableció que no debían ser cancelados por el municipio.
Al parecer estamos en presencia de un acción de mala fe, que por supuesto aun no concluye de manera definitiva, pero que retrata de cuerpo entero las verdadera intenciones del demandante.
