A ´pesar que la afectada presentó su documentación médica que da fe de su embarazo de alto riesgo y amparándose en una modificación legal publicada en el SERVEL que exime a las personas en su condición de vocal de mesa, el juez de Policía Local de Putaendo dictó una orden de arresto que la obliga a pasar dos noches en reclusión.
Por Patricio Gallardo M.
Una situación que tiene ribetes de atropello e incluso humillación es la que se encuentra viviendo la trabajadora social Karina Aguilar Maldonado, sobre quien pesa una orden de detención y una multa por no presentarse como vocal de mesa en un reciente proceso eleccionario de primarias.
La afectada sostuvo que su nombre apareció dentro de los vocales de mesa convocados por SERVEL, sin embargo, ella se encuentra embarazada en un proceso de alto riesgo, por lo que no pudo cumplir con dicha labor. Asegura que envió correos a la Junta Electoral y al mismo SERVEL explicando su situación, amparándose en una modificación legal del mismo organismo promulgada en noviembre del 2020 que eximía de ser vocales de mesa a personas que representen grupos de riesgo producto de la pandemia de coronavirus.
Su consulta no tuvo respuesta en el momento y días después desde el Servicio Electoral le dijeron que sería citada por el Juzgado de Policía Local.
El documento citatorio lleg´ó semanas después y fue recibido por su hija de 9 años, en circunstancias en que ella no pudo salir a recibirlo.
El día de la citación debió acudir a control al Hospital San Camilo de San Felipe y la hora de la citación coincidía con la hora de la atención médica, sumado a que camino a Putaendo debió esperar largos minutos producto de un accidente de tránsito. Envió un correo al Juzgado de Policía Local, el que no fue contestado.
“Cuando llegué, el juez me dijo que estaba en una situación de desacato y que debía pagar una multa de 2 UTM. Le mostré mis papeles médicos e hizo caso omiso, también ignoró la ley que me exime de ser vocal de mesa por mi embarazo de alto riesgo. Le dije que había mandado un correo y dijo que no había recibido nada, su secretaria dijo que ella lo había recibido pero se excusó diciendo que no lo había leído”.
La única opción que el juez le dio a Karina Aguilar fue rebajar la multa a $25.000 y a pesar de sus insistencias, Guido Witto no accedió a escucharla y repetía la misma explicación inicial, en un acto que fue catalogado por la denunciante como humillante y estresante. “Ni siquiera tuvo consideración con mi estado de embarazo” agregó.
La situación para Karina empeoró cuando el pasado 10 de marzo, el mismo juez de Policía Local emitió una orden de arresto en su contra por no pago de la sanción económica y determinando que Aguilar debe pasar dos noches en reclusión. Dicha orden fue entregada a Carabineros de Putaendo para su cumplimiento.
“Aquí hay una falta de criterio tremenda. Se me está obligando a pagar una multa por un delito o una falta que yo no cometí y que incluso estoy amparada en la ley. Se me cursa una orden de arresto para pasar dos noches recluida con el temor de que esta situación dañe mi embarazo” expresó Karina Aguilar.
Su caso se difundió masivamente por redes sociales, donde ya cuenta con el respaldo de un abogado que la ayudará a enfrentar esta situación.
